Telam
La ministra de
Comunicación de Bolivia y portavoz presidencial, Amanda Dávila, dijo
este miércoles que, al margen del acuerdo en el conflicto con los
policías de baja graduación, “se hará una reforma profunda” de esa
fuerza, porque durante las negociaciones, los mismos representantes de
los uniformados “denunciaron a algunos sectores internos con afanes
golpistas”. “El gobierno ha decidido iniciar en la policía una
reforma profunda, luego de un diagnóstico de la situación”, afirmó a
Télam la ministra Dávila en el Palacio Quemado, sede del gobierno, luego
de una reunión de gabinete que se inició a las 6 de la mañana (las 7 de
Argentina) y concluyó cerca del mediodía.
La ministra señaló que sectores golpistas intentaron “subirse al movimiento de reclamo salarial de la policía” y dijo creer que “la misma policía pudo darse cuenta, porque lo denunciaron en las reuniones con el gobierno”.
Agregó que “desde adentro se logró neutralizar un poco a esos sectores, pero hay una preocupación todavía, porque aún no sabemos cuál va a ser la reacción de estos sectores”.
Dávila explicó que la institución policial “es muy compleja y no ha tenido nunca una reforma; funciona a veces con una estructura medieval, feudal, con malos tratos a las tropas, por ejemplo, con violaciones a los derechos humanos, y la mayoría de ellos son indígenas, hijos de indígenas, son nuestros votantes, los votantes del presidente Evo Morales”.
También sostuvo que el apoyo decidido de los movimientos sociales ayudó a “neutralizarlos (a esos sectores golpistas), por lo menos por ahora”, y que hay que “estar atentos”, porque “hemos tenido similares intentos en el 2008, (con el plan secesionista) del oriente”.
Aludió así al movimiento que encabezó el departamento de Santa Cruz y que junto a las gobernaciones de “la media luna”, como se las denominaba (Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando), intentaron un verdadero golpe de Estado que llevó al gobierno a expulsar al embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg.
Desarmado política y electoralmente ese bloque, sólo se mantiene como opositor Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, el único jefe de gobierno departamental que el martes no participó en una declaración de defensa de la democracia y que sí suscribieron los otros ocho mandatarios regionales.
La ministra aseguró, además, los grupos que se montaron sobre los reclamos, “tenían un plan, con fases, empezando por crear condiciones para el golpe, incluso, en ese sentido, buscando articularse con la marcha (del Territorio Indigena Parque Nacional Isiboro Sécure -Tipnis-)”.
“Felizmente, la marcha indígena, con absoluta conciencia democrática, no se prestó a esa acción, y esperó hasta la resolución del conflicto con la policía para ingresar (este miércoles) a La Paz”, precisó.
Según la ministra, “ese fue el pedido expreso que hizo el gobierno a la Defensoría del Pueblo” y que ésta trasmitió a la marcha.
Destacó que, entre los planes desestabilizadores de los sectores golpistas estuvo, muy poco difundido por la prensa, “la toma, ayer (martes), de dos aeropuertos por parte de ex policías dados de baja por problemas de corrupción o indisciplina, y algunos suboficiales”.
También destacó que “hay un grupo muy vinculado a la embajada de Estados Unidos, que todavía no se resigna a perder sus privilegios, que eran los sueldos extras que recibía cierta oficialidad comprometida” con esa sede diiplomática.
“Algunos, incluso, lo hacían con buena intención, porque recibían capacitación, tecnología, y equipos de primera, y eso, ciertamente, se ha perdido, porque el gobierno ha tenido una política de no colaboración con Estados Unidos en estos temas”, reconoció.
Dávila sostuvo que “este sector, algunos son jefes nacionales de la policía, están comprometidos en volver a tener nuevamente el apoyo de la embajada de Estados Unidos, y son permanentes opositores al gobierno”.
La ministra señaló que sectores golpistas intentaron “subirse al movimiento de reclamo salarial de la policía” y dijo creer que “la misma policía pudo darse cuenta, porque lo denunciaron en las reuniones con el gobierno”.
Agregó que “desde adentro se logró neutralizar un poco a esos sectores, pero hay una preocupación todavía, porque aún no sabemos cuál va a ser la reacción de estos sectores”.
Dávila explicó que la institución policial “es muy compleja y no ha tenido nunca una reforma; funciona a veces con una estructura medieval, feudal, con malos tratos a las tropas, por ejemplo, con violaciones a los derechos humanos, y la mayoría de ellos son indígenas, hijos de indígenas, son nuestros votantes, los votantes del presidente Evo Morales”.
También sostuvo que el apoyo decidido de los movimientos sociales ayudó a “neutralizarlos (a esos sectores golpistas), por lo menos por ahora”, y que hay que “estar atentos”, porque “hemos tenido similares intentos en el 2008, (con el plan secesionista) del oriente”.
Aludió así al movimiento que encabezó el departamento de Santa Cruz y que junto a las gobernaciones de “la media luna”, como se las denominaba (Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando), intentaron un verdadero golpe de Estado que llevó al gobierno a expulsar al embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg.
Desarmado política y electoralmente ese bloque, sólo se mantiene como opositor Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, el único jefe de gobierno departamental que el martes no participó en una declaración de defensa de la democracia y que sí suscribieron los otros ocho mandatarios regionales.
La ministra aseguró, además, los grupos que se montaron sobre los reclamos, “tenían un plan, con fases, empezando por crear condiciones para el golpe, incluso, en ese sentido, buscando articularse con la marcha (del Territorio Indigena Parque Nacional Isiboro Sécure -Tipnis-)”.
“Felizmente, la marcha indígena, con absoluta conciencia democrática, no se prestó a esa acción, y esperó hasta la resolución del conflicto con la policía para ingresar (este miércoles) a La Paz”, precisó.
Según la ministra, “ese fue el pedido expreso que hizo el gobierno a la Defensoría del Pueblo” y que ésta trasmitió a la marcha.
Destacó que, entre los planes desestabilizadores de los sectores golpistas estuvo, muy poco difundido por la prensa, “la toma, ayer (martes), de dos aeropuertos por parte de ex policías dados de baja por problemas de corrupción o indisciplina, y algunos suboficiales”.
También destacó que “hay un grupo muy vinculado a la embajada de Estados Unidos, que todavía no se resigna a perder sus privilegios, que eran los sueldos extras que recibía cierta oficialidad comprometida” con esa sede diiplomática.
“Algunos, incluso, lo hacían con buena intención, porque recibían capacitación, tecnología, y equipos de primera, y eso, ciertamente, se ha perdido, porque el gobierno ha tenido una política de no colaboración con Estados Unidos en estos temas”, reconoció.
Dávila sostuvo que “este sector, algunos son jefes nacionales de la policía, están comprometidos en volver a tener nuevamente el apoyo de la embajada de Estados Unidos, y son permanentes opositores al gobierno”.
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